Tras la devolución de 603 ciudadanos colombianos privados de la libertad desde Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca este sábado, la canciller encargada Rosa Yolanda Villavicencio (Mapy) insistió en que no hubo notificación previa por parte del gobierno ecuatoriano sobre el operativo. No obstante, aseguró que los protocolos habían sido activados y se brindó atención humanitaria a todos los retornados.
Villavicencio afirmó que, pese a la falta de aviso formal, la Cancillería desplegó las medidas de contingencia necesarias para recibir a los deportados. Se les proporcionó, de manera inmediata, atención médica, alimento, abrigo y acompañamiento psicológico en coordinación con Migración Colombia, la Gobernación de Nariño y autoridades locales.
Aunque Ecuador sostiene que notificó a Colombia desde el 8 de julio a través de canales diplomáticos y que el proceso se desarrolló conforme a la legalidad con decisiones judiciales individuales, Bogotá calificó la acción como un “acto unilateral” que vulnera los mecanismos de coordinación bilateral.
Las autoridades colombianas manifestaron que el trámite se vio entorpecido por la inexistencia de un protocolo de recepción activado al momento, lo que ocasionó demoras y complicaciones con la documentación y el reconocimiento de identidad. Algunas de las personas no contaban con cédula de ciudadanía, lo que generó retrasos adicionales.
La tensión diplomática entre ambos países aumentó luego de que la Cancillería de Colombia presentara una “enérgica protesta” y anunciara que evaluaba posibles acciones internacionales por lo que calificó como una medida inamistosa y descoordinada
