La muerte de Kevin Acosta, un niño de tan solo 12 años que padecía hemofilia, ha dejado de ser una tragedia familiar para convertirse en el epicentro de un feroz debate ético y político en Colombia. Tras conocerse el fallecimiento del menor por una hemorragia que no pudo ser controlada, las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del presidente Gustavo Petro, han encendido la furia de las asociaciones de pacientes y la ciudadanía en general.
El relato que indigna
En su intervención,, el ministro Jaramillo detalló minuciosamente el origen del suceso: un golpe en la rodilla tras una caída en bicicleta. Sin embargo, lo que para el Gobierno fue una explicación de los hechos, para la opinión pública fue una "insensibilidad técnica". La crítica radica en que el Ministro pareció centrar la responsabilidad en el infortunio del accidente y no en la falla sistémica que vino después: la falta de la ampolla de Factor VIII y la demora en un traslado vital.
¿Negligencia o destino?
Kevin no falleció por caerse de su bicicleta; falleció porque el sistema de salud, hoy sumido en una parálisis financiera y administrativa, no le garantizó el medicamento que su condición de hemofílico exigía para sobrevivir a cualquier trauma.
"El sistema está diseñado para que la gente muera", llegó a decir Jaramillo, una frase que ha sido interpretada como una forma de eludir la responsabilidad directa del Ministerio en el flujo de recursos hacia las IPS. Mientras el Gobierno usa la tragedia para presionar su reforma a la salud, los defensores de los derechos humanos denuncian una instrumentalización del dolor, señalando que culpar a una bicicleta por la muerte de un niño es, en el mejor de los casos, un acto de profunda desconexión con la realidad de los pacientes.
