La paciencia de los habitantes de San Pedro, Valle, llegó a su límite. Este miércoles 18 de febrero, la comunidad decidió tomarse la Doble Calzada Buga-Tuluá para denunciar lo que califican como una "negligencia histórica" de la empresa Acuavalle. Con el servicio de agua suspendido desde hace más de una semana, los manifestantes aseguran que no se moverán hasta recibir soluciones estructurales y no "pañitos de agua tibia".
Voceros de la protesta señalan que el desbordamiento de la quebrada La Artiletra fue solo el detonante de un problema que lleva años sin resolverse. "Cada vez que llueve es lo mismo, se daña la tubería de la bocatoma y nos quedamos sin el líquido. Antes era un día, ahora ya vamos para ocho", denunció una de las líderes en el punto del bloqueo. La indignación escaló cuando, según denuncian, el gerente de Acuavalle no asistió a una reunión clave en el Concejo Municipal el pasado martes. Además, los ciudadanos calificaron como una "falta de respeto" que los recibos de cobro llegaran puntualmente y con aumentos, a pesar de tener los grifos secos.
Más allá de la falta de agua :La comunidad aprovechó la visibilidad del bloqueo para denunciar que San Pedro se siente "en el olvido" por parte de la Gobernación del Valle. Señalaron el estado crítico de la vía principal, donde ya se han registrado accidentes fatales, y el riesgo constante de inundación en barrios como Las Agüitas y Guayabal debido al mal estado del puente local. "Los carrotanques no dan abasto, no llegan a todos los barrios ni corregimientos. Necesitamos un reservorio y una nueva bocatoma ya", enfatizaron.
Respaldo legal: La Personería confirma desacato Al cierre de la jornada, la personera municipal, Jenny Andrea Calderón, se unió al llamado ciudadano calificando la situación como "insostenible". La funcionaria reveló un dato clave que respalda la protesta: existe un fallo judicial que ordena obras de mitigación en la quebrada y el puente, el cual no ha sido ejecutado. La Personería confirmó que ya escaló el caso ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue por qué, a pesar de existir una orden legal y el reconocimiento de fallas estructurales por parte de la Gobernación, la solución definitiva sigue sin aparecer.
