La reorganización del sistema de salud implementada por el Gobierno Nacional mediante un reciente decreto ha encendido las alarmas en el departamento del Valle del Cauca. La secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, calificó la medida como un riesgo directo para la calidad y la oportunidad de los servicios médicos de miles de ciudadanos, señalando que la reasignación forzosa de usuarios representa el fin de la libre elección para los colombianos.
Uno de los puntos más críticos de esta transición es el incremento masivo de afiliados en la Nueva EPS. De acuerdo con la funcionaria, la llegada de aproximadamente tres millones de nuevos usuarios a esta entidad —lo que supone un manejo de recursos cercano a los 2 billones de pesos mensuales— no garantiza una estabilización económica. Por el contrario, Lesmes advierte que se está sometiendo a esta población a los actuales déficits operativos que ya padece la Nueva EPS, lo que podría derivar en una crisis de prestación de servicios sin precedentes.
Impacto regional y deudas pendientes En el Valle del Cauca, el panorama es complejo. El movimiento de usuarios incluye el traslado de afiliados de la entidad SOS hacia la Nueva EPS, así como la salida definitiva de Asmet Salud y Famisanar del territorio departamental. Ante este escenario, la administración departamental ha manifestado su preocupación por la falta de claridad en el saneamiento de las carteras. La doctora Lesmes fue enfática al cuestionar si estas entidades saldrán del departamento dejando sus deudas en cero, un factor vital para la supervivencia de la red hospitalaria.
Actualmente, las clínicas y hospitales del Valle del Cauca enfrentan una presión financiera asfixiante, con una cartera acumulada que asciende a los 6 billones de pesos. La autoridad sanitaria advirtió que si no se garantiza el flujo de recursos, la sostenibilidad de las instituciones públicas y privadas se verá comprometida, afectando procesos fundamentales como la entrega de medicamentos, la asignación de citas con especialistas y la programación de procedimientos quirúrgicos. El Gobierno del Valle continuará exigiendo al nivel nacional garantías para que los usuarios no queden desprotegidos en medio de estos cambios administrativos.
