En medio de las movilizaciones convocadas el jueves 19 de febrero , el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que deja en firme el ajuste salarial del 23,7% para el año 2026. El acto, realizado de cara a los sectores sociales que se manifestaban en Bogotá, ratifica la posición del Ejecutivo de elevar el ingreso mínimo a $2.000.000 (sumando el subsidio de transporte), bajo el argumento jurídico del artículo 53 de la Constitución Nacional sobre el salario mínimo vital y móvil.
La firma de este nuevo decreto busca sortear los obstáculos legales que habían frenado el ajuste inicial. Sin embargo, la medida se produce en un clima de tensión institucional, dado que el Consejo de Estado aún evalúa la legalidad de los fundamentos técnicos del incremento. Mientras el sector oficialista defiende la medida como una protección necesaria ante el costo de vida, expertos económicos y gremios analizan el impacto que un alza de esta magnitud tendrá sobre la estructura de costos de las empresas y la generación de empleo formal en las regiones.
