La preocupación había surgido, especialmente en Tuluá, donde cerca de 25 familias que dependen de la fabricación de estos elementos, porque denunciaban que ese hecho causaría afectaciones a su sustento por decisiones adoptadas por la Diócesis de Buga.
Según explicó Rubén Darío Vélez Mejía, vocero del gremio, desde el pasado 30 de enero se estaría restringiendo la instalación de lápidas que no sean elaboradas directamente por la diócesis en cementerios bajo su jurisdicción, situación que aseguran impacta de manera directa su actividad económica.
No obstante, el pasado martes 17 de marzo, el propio obispo Alexander Matiz, dijo que “antes ellos lo que tenían era un monopolio, ahora hay otras personas que también puedan proveer y la Diócesis también tiene a las parroquias quienes pueden ofrecer un servicio en ese sentido.
El jerarca católico dijo que no existe ningún tipo de restricción, “solo que puedan manifestar si ellos lo dan a un precio mucho más favorable a la comunidad”.
