La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos a Juliana Guerrero, quien fuera postulada para ser Viceministra de la Juventud en el Ministerio de la Igualdad, debido a las graves anomalías detectadas en la obtención de sus títulos como tecnóloga y profesional en Contaduría Pública.
El origen del escándalo
El caso estalló tras las denuncias de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien reveló que Guerrero habría obtenido su título profesional en tiempo récord (aprox. 15 días tras ser tecnóloga) en la Fundación Universitaria San José. Las investigaciones posteriores, respaldadas por el ICFES, confirmaron que la joven nunca presentó las pruebas Saber Pro, un requisito legal e indispensable para graduarse en Colombia.
Puntos clave de la investigación:
Títulos Anulados: El Consejo Directivo de la Fundación Universitaria San José ya anuló formalmente los títulos de Guerrero tras una auditoría interna que determinó que no existían registros de su asistencia a clases, evaluaciones o actividad académica en su plataforma.
Presunta Compra de Títulos: Nuevas pruebas presentadas ante la justicia sugieren que Guerrero habría pagado cerca de 8 millones de pesos por los diplomas. Curiosamente, las facturas de pago de matrícula y derechos de grado tienen fecha posterior a la de su supuesta graduación.
Delitos a Imputar: La Fiscalía 42 Especializada de Bogotá lidera el caso por presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público, ya que estos documentos habrían sido utilizados para aspirar a altos cargos en el Gobierno Nacional.
Vínculos Políticos: El escándalo también salpica a directivos de la institución educativa, entre ellos Francisco Pareja, relacionado políticamente con figuras cercanas al Gobierno.
Situación actual
A pesar de que el Gobierno se abstuvo de posesionarla como Viceministra tras el estallido del escándalo, recientemente se denunció que Guerrero habría estado vinculada como directiva en la Universidad Popular del Cesar, lo que ha reavivado las críticas de la opinión pública y de sectores de la oposición que exigen "ética pública" y méritos reales para el acceso a la función pública.
