Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, el presidente Gustavo Petro defendió la legalidad del incremento del 23,7%. Durante su alocución del 15 de febrero, el mandatario anunció que el Gobierno Nacional emitirá un nuevo acto administrativo en un plazo de ocho días, el cual mantendrá el ajuste salarial bajo la premisa del "salario vital".
Los argumentos del Gobierno:
Omisión jurídica: Petro solicitará una aclaración al tribunal, considerando que se ignoró el "carácter prevalente" de la protección al trabajo estipulado en la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional.
Cifra en firme: El presidente insiste en un salario de $1.750.905, que sumado al auxilio de transporte alcanza los $2.000.000.
Defensa económica: Negó que el aumento sea responsable de presiones inflacionarias y pidió a los empresarios retomar el diálogo en la Comisión de Concertación.
Finalmente, el jefe de Estado convocó a movilizaciones este jueves 19 de febrero para respaldar la política salarial de su administración en las principales plazas del país.
